El gobierno PSOE-IU, está empeñado en una operación de promoción inmobiliaria masiva
Editorial
18/06/2006
El gobierno PSOE-IU, está empeñado en una operación de promoción inmobiliaria masiva, que lleva aparejada la expropiación generalizada de los bienes de los ciudadanos, para la generación de suelo urbano edificable, mediante los instrumentos administrativos y legales utilizados al límite, y con una falta de sensibilidad aparentemente inconcebible. En Asturias, hoy, no hace falta iniciativa pública de vivienda, y menos la que están desarrollando, por cuestiones que tengan que ver con el interés general. Eso salta a la vista, pues ésa iniciativa pública regional, con sus expropiaciones masivas, lo único que ha producido es un atroz y revelador encarecimiento del precio de la vivienda. Nadie parece pedir cuentas de esos resultados. Pero hay mucho más...
¿Por qué esta expropiación masiva si sobra vivienda por todas partes?
La dimensión y el alcance de esta operación nos sorprende cada día un poco más, pues parece estar claro que no hay vuelta atrás posible. Resulta extraordinariamente sorprendente el empecinamiento en este asunto, del que hace gala la “izquierda plural” que gobierna en Asturias.Si no conociésemos, además, los motivos por los que los medios de comunicación asturianos callan, a la espera de sus licencias de televisión, pensaríamos que todos se han vuelto locos; el caso es que tenemos las pruebas de lo que ocurre, y por lo tanto, la explicación, de la perversa situación que motiva esa falta de sensibilidad. Nuestros representantes están metidos en un cambalache descaradísimo, y ya casi todo el mundo sabe lo que ocurre. Da igual, nadie mueve ficha.
Hemos publicado en Escandalera la nota de prensa que dio a conocer ayer la Junta de Afectados por las expropiaciones en el barrio gijonés de Roces: “ante las declaraciones del Sr. Buendía en los medios de comunicación, manifestando que SOGEPSA continuaba negociando con algunos afectados, dicha Junta afirma que en la actualidad no hay negociación por parte de SOGEPSA, puesto que esta sociedad ha fijado un precio máximo muy bajo por las propiedades y que de no ser aceptado se aplicará la expropiación forzosa. Para nosotros esto es un ultimátum y no una negociación”. Es un episodio más de esta loca cadena de acontecimientos injustificables.
Buendía y su acumulación de cargos ya es un escándalo él solito
El consejero Francisco González Buendía, está a la cabeza de un conglomerado institucional que escandaliza a los ciudadanos afectados y a los que contemplan el espectáculo, con incrédula estupefacción, como espectadores, por la falta de respuesta de los representantes políticos que, desde una u otra posición ideológica, deberían demostrar una mínima solidaridad con los administrados que están padeciendo un calvario injustificable, pues son muchos quienes llevan sufriendo esta situación desde hace ya demasiado tiempo.
Buendía, además de ser consejero de urbanismo, es el presidente del órgano administrativo que es el máximo responsable de la califación del suelo, la CUOTA, también lo es del aparato (participado por la iniciativa privada) que expropia el suelo, SOGEPSA; además, Buendía nombra los miembros del órgano que tasa esas expropiaciones, la Junta de Expropiación del Principado, y además, se trata de un personaje que ha demostrado, con su gestión al frente de COGERSA, una total falta de capacidad para escuchar las aspiraciones y los planteamientos de la ciudadanía, tal y como quedó de manifiesto con la manera en que gestionó el proceso de aprobación y contratación de la planta incineradora de Serín, desoyendo e intentando manipular descaradamente el clamor de la opinión pública.
Areces, comenzó este camino, como alcalde, con el PERI del Llano
El origen de la actual confrontación urbanística que se vive en el Principado de Asturias tiene mucho que ver con la biografía política de su actual presidente, Vicente Álvarez Areces, en cuya etapa gijonesa se vivieron varios escándalos, como el que pasó de la sospecha a la evidencia, con la expropiación masiva de terrenos en el Llano, en cuyo Plan Especial de Reforma Interior, tuvieron su origen las extrañas circunstancias que llevaron, años después, a un estallido de todas las fuerzas políticas para quitarle el control de Cajastur, por su empeño en condonar los créditos impagados por el mismo grupo de empresas que ahora amenaza con generar un escándalo en Méjico, que además, curiosamente, resultaron también ampliamente beneficiadas en la contestadísima operación urbanística generada en Ponferrada alrededor de la quiebra de la Minero Siderúrgica, con cuyo destino se benefició a otro buen amigo de nuestro primer mandatario.
Ahora sabemos más cosas de las que sabíamos entonces. Sabemos por ejemplo lo que ocurrió con el inicio del asalto, en aquellos años, a los astilleros de Gijón, para transformarlos en un solar urbanizable. La empresa promotora de los primeros edificios, Proseín, forma parte del conglomerado, cuyo delegado en Asturias es José Antonio Hevia Braña, financiero de la coalición, que ocupa hoy el cargo de coordinador del Área de Economía de la presidencia de IU en Gijón, pero que de aquella era concejal en la misma ciudad en la que viene haciendo estos negocios, y a la vez consejero en Cajastur. Era portavoz de IU en aquel grupo municipal, Jesús Iglesias, que ahora pretende volver a disputarle el número uno a la Junta General a Francisco Javier García Valledor, después de su sonado fracaso al frente de la lista de IU que dejó a esta organización, por primera vez, fuera del Congreso de los Diputados.
El gran cambalache de la "izquierda plural"
Progea desarrolla sus promociones en Asturias, en combinación con las iniciativas empresariales que promueve Manuel González, un hombre de confianza de Gaspar Llamazares y Rubén Fernández Casar, el hombre que maneja las cuentas del coordinador de la presidencia colegiada de la coalición. José Antonio Hevia, de Progea, Manuel González y el director general Manuel Orviz, trabajan en equipo en la programación y diseño de innumerables iniciativas urbanísticas, ante el reto que adoptó IU de promover quince mil viviendas, que al principio iban a ser sociales y ahora ya ni se sabe de qué se está hablando.
Progea, Manuel González y las empresas vinculadas históricamente al presidente del Principado, se reparten el territorio de manera sistemática, en medio de un enorme escándalo entre el reducido círculo de personas decentes que se mantienen informadas, ante el desconocimiento general, por parte de la población, de la gravedad de los hechos que aquí están sucediendo. El hecho de que se esté utilizando de manera espúria la promoción pública de viviendas para subir el precio de un sector desmadrado, es el problema menor de todos.
¿Puede extrañarse alguien de que estemos a las puertas de un auténtico estallido popular de rabia e impotencia ante la altanería, el cinismo y la desvergüenza con las que actúa esta gente?
Fuente: El Comentario.tv