El Principado rechaza dar a los concejos más competencias en urbanismo o vivienda
Paula TAMARGO
12/11/2005
El Ejecutivo regional recela del borrador de la futura ley de los entes locales, que atribuye a los ayuntamientos la gestión de 22 materias
La Administración autonómica considera «irrenunciables» sus capacidades actuales de regulación y control sobre los municipios en materias relacionadas con el urbanismo, la ordenación del territorio, los servicios sociales de asistencia primaria o la promoción y gestión de vivienda pública. Así lo aseguró ayer el director general de Administración Local, Valentín Ruiz, a la hora de analizar el listado de competencias que el Ministerio de Administraciones Públicas valora atribuir a los concejos a través de la nueva ley del Gobierno y la Administración Local a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La Federación de Municipios celebró ayer una reunión en La Coruña en la que se dio cuenta de las líneas básicas que orientarán la elaboración de la nueva ley de los entes locales, una vez que su presidente, Francisco Vázquez, se ha reunido con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Eje fundamental de dichas líneas básicas -ya expuestas también en el Senado por Sevilla- es la identificación de las competencias que corresponden a los ayuntamientos. Y el borrador inicial de la ley plantea 22 competencias atribuibles a los municipios entre las que se encuentran algunas que dotarían a los concejos de mayores capacidades de las que disponen actualmente.
Entre otras cosas, el borrador plantea que los municipios deben participar «en la elaboración y diseño de los programas de ejecución de infraestructuras de competencia de la autonomía, cuando discurran por el respectivo término municipal» o que los ayuntamientos tendrán competencias en materia de «regulación y prestación de los servicios sociales de asistencia primaria».
Se propone, asimismo, dotar a los ayuntamientos de capacidades plenas de «elaboración y aprobación del planeamiento, así como la gestión, ejecución y disciplina urbanística». Y, entre otras, destacan también la atribución municipal de «promoción y gestión de vivienda pública e intervención en la elaboración y ejecución de los planes de vivienda autonómicos» o la de «prevención o extinción de incendios».
En el ejercicio de algunas de estas competencias existen mecanismos de colaboración entre las administraciones local y autonómica. Sin embargo, en materias relacionadas con el urbanismo o la ordenación del territorio, el Principado mantiene la capacidad de decidir por encima de los municipios en infraestructuras o actuaciones que se consideren de interés supralocal por su afección sobre el conjunto de la región.
Uno de los ejemplos más sencillos de qué entiende la Administración autonómica por actuaciones de interés supralocal son las grandes superficies comerciales en la región. El Principado identifica este tipo de espacios como instalaciones que repercuten sobre el conjunto del territorio al margen del municipio donde vayan a ubicarse.
Éste sería precisamente uno de los casos que podría entrar en contradicción con las atribuciones municipales que plantea el borrador de la futura ley de Administración Local, que también propone dotar a los ayuntamientos de capacidad de «regulación y autorización del establecimiento de actividades económicas y empresariales en su territorio».
Si bien el borrador de la ley advierte de que habría que revisar si las competencias atribuibles a los municipios no están ya reservadas a otras administraciones, el director de Administración Local del Principado insiste en las reticencias que el Ejecutivo asturiano ya planteó ante la elaboración del Libro Blanco para la reforma de los entes locales.
«Hay algunas materias sobre las que, desde la óptica del Principado, debe prevalecer la exclusividad autonómica (competencial)», explica Valentín Ruiz, que añade que el borrador es simplemente «una propuesta inicial» sobre «la que aún hay mucho que discutir».